Ese recurso plantea la reversión de la Ley de Desperdicio Alimentario, la anulación de las disposiciones que permiten flexibilizar la gestión de estos animales en el norte del Duero y su reincorporación al Lespre y al Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Para el Gobierno de Asturias este escenario implicaría un retroceso en los avances conseguidos en la gestión del lobo en Asturias y afectaría directamente a la capacidad del Principado para desarrollar políticas adaptadas a la realidad de su territorio.
Por estas razones, el Ejecutivo se personará contra el recurso de inconstitucionalidad. El Principado ha acordado ya preparar las actuaciones necesarias para la personación, según ha informado hoy Marcelino Marcos, titular de Medio Rural.
El Principado considera, además, que ésta es una competencia autonómica fundamental para la protección de sus intereses, por lo que considera necesario personarse en el proceso ante el Tribunal Constitucional para defender sus competencias en la gestión del lobo y sus políticas medioambientales.
El Ejecutivo estima que la convivencia entre el lobo ibérico y las actividades ganaderas es un desafío complejo, pero alcanzable. La evolución de las poblaciones de lobo, los estudios científicos realizados y las experiencias de gestión en Asturias demuestran que es posible compatibilizar la conservación de la especie con el desarrollo económico y social de las zonas rurales.