La UE y los países de Mercosur firmarán el próximo 17 de enero el histórico acuerdo de libre comercio en la capital de Paraguay, Asunción, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo. El pleno del Parlamento Europeo decidirá la próxima semana si decide iniciar el proceso para denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este contexto, La Unió explica que las explotaciones agrarias afrontan desde hace tiempo «una combinación muy difícil de sostener, con unos costes de producción crecientes, desde el inicio de la guerra en Ucrania, que no se ven compensados por los precios percibidos por los agricultores y ganaderos».
Todo ello se suma a acuerdos comerciales internacionales muy perjudiciales, como los de Mercosur, «del que aún no está todo dicho», o Marruecos, «que introducen competencia sin reciprocidad en normas sanitarias, ambientales y laborales y una presión regulatoria y burocracia cada vez mayor».
También se muestra en contra de las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y del Marco Financiero Plurianual, que «de prosperar, supondrían un recorte del 22%». Esta situación, advierte, provoca una bajada de la renta agraria, menos recursos y «más incertidumbre» para quienes producen alimentos y para quienes los consumen.
«Para el sector ganadero, donde la brecha de precios tradicionalmente había sido menor, la situación se está haciendo también insostenible por las continuas enfermedades, como la peste porcina africana, la influenza aviar o la de Newscatle y la dermatosis nodular contagiosa, que están teniendo un grave impacto económico», expone.
La organización agraria reclama una revisión de los protocolos y de los planes «que están actualmente obsoletos y no atienden a la realidad del campo, ni en prevención ni en compensación». Además, sostiene que «todo esto lo único que provoca es que el escaso relevo generacional que pueda estar habiendo, se paralice».
«Sin rentabilidad, sin estabilidad y sin perspectivas de futuro, los jóvenes no se incorporan, las explotaciones cierran y los pueblos se vacían. Cuando esto ocurre, no solo pierde el agricultor o el ganadero: pierde el consumidor, pierde la economía local y pierde el país en términos de autonomía y seguridad alimentarias. No se puede cerrar los ojos a esta realidad», recalca el secretario general de La Unió, Carles Peris.
Por todos estos motivos, «y otros muchos que se desprenden de ellos», centenares de agricultores y ganaderos de la entidad, procedentes de toda la Comunitat Valenciana, participarán en la protesta-tractorada del 11 de febrero en Madrid. La Unió Llauradora i Ramadera ya celebró una protesta con tractores el pasado 18 de diciembre por las calles de València para denunciar las políticas agrarias de la Comisión Europea, el Gobierno y la Generalitat hacia el campo valenciano.