Así lo ha anunciado la FAC en una nota de prensa. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puntualizado a Europa Press que en el encuentro que se celebrará «en fechas próximas», se abordará «de forma específica» la iniciativa. «El objetivo es avanzar en soluciones que contribuyan a compatibilizar la práctica cinegética con la sostenibilidad de los recursos naturales en línea con las políticas que impulsa la Junta de Andalucía», ha señalado el departamento de Catalina García.
En palabras del presidente de la FAC, José María Mancheño, «la reducción del canon sería un incentivo para quienes asumen la gestión y custodia de estos cotos situados en terreno público, facilitaría el acceso a la caza y el relevo generacional en el sector, ayudaría al fortalecimiento del desarrollo económico y social en las zonas rurales andaluzas y, en suma, supondría un apoyo necesario a un sector que, en muchas ocasiones, carece de aliados institucionales a pesar de realizar una labor insustituible en el medio rural andaluz»; un sector que sólo en 2023 movilizó un gasto de 8.699 millones de euros y generó un impacto de 10.190 millones en el PIB nacional, según recoge un informe de Deloitte patrocinado por la Fundación Artemisan y del que ha dado cuenta la Federación en su comunicado.
El organismo federado insiste también en la necesidad de que las cuentas andaluzas contemplen incentivos fiscales para los cotos que cumplan una serie de condiciones después de que el año pasado se rechazara una iniciativa que incluso se presentó a la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025. Se solicita la bonificación temporal total en importe de tasa de matrícula de coto prevista en el artículo 231 de la Ley 10/2021, de Tasas de Andalucía, en los siguientes casos: a acotados andaluces que realicen mejoras de hábitats, con la colocación de bebederos y comederos que garanticen el sustento a la fauna silvestre; a los que se adhieran a proyectos científicos de inventario, seguimiento y monitorización de fauna silvestre (cinegética y no cinegética) del Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan u otras entidades; a los que suscriban convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para la conservación, fomento o reintroducción de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, con extensión a proyectos autonómicos, nacionales o europeos de gestión y conservación de fauna silvestre; y, por último, a aquellos cotos en los que esté impedido temporalmente el aprovechamiento cinegético.
La caza desempeña, además, un papel «clave» en el mantenimiento del empleo en el medio rural. En 2023, según el mismo informe, la actividad permitió mantener 199.000 puestos de trabajo, de los que 45.642 son empleos directos ligados a cotos y cacerías. Así, la FAC plantea el lanzamiento de ayudas directas a empresas y entidades rurales que creen e impulsen puestos de guardas de caza, en línea con los objetivos de la Junta de fomentar y consolidar el empleo en Andalucía.
La Junta ha recordado que viene aplicando en los últimos años medidas de apoyo al sector cinegético, entre ellas bonificaciones específicas orientadas a favorecer su mantenimiento y desarrollo sostenible. Estas actuaciones, que se han ido adaptando en función de la realidad del sector y de las demandas planteadas por la Federación Andaluza de Caza, tienen como finalidad «reforzar la importancia de la actividad cinegética tanto desde el punto de vista socioeconómico, por el impacto que genera en numerosos municipios rurales, como desde el punto de vista ambiental, por el papel que desempeña en la conservación de los ecosistemas».