Dicha iniciativa europea comprometería la asignación por parte de la UE de una ficha financiera para el POSEI e incluye el programa entre las intervenciones del plan nacional y, por lo tanto, supeditado al Gobierno de España, según ha informado la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Al respecto, el consejero regional del área, Narvay Quintero, mantuvo este jueves un encuentro con los consejeros y otros responsables insulares con competencias en el sector agrario y pesquero de los siete cabildos dirigido a promover la coordinación interadministrativa.
«Es sumamente importante para aunar esfuerzos, planificar de forma coordinada, y optimizar recursos públicos adaptando las políticas regionales a las particularidades de cada una de las islas», comentó.
Durante la sesión, los responsables suscribieron este acuerdo, en el que proponen el mantenimiento del POSEI como instrumento independiente en contra del nuevo planteamiento propuesto por la Comisión Europea, que desdibuja el propósito de este programa al incluirlo como una intervención más dentro del plan nacional, sin una asignación económica fija.
Por este motivo el manifiesto recoge el rechazo absoluto a la propuesta europea para el nuevo MFP 2028-2034 y la exigencia de un tratamiento justo, específico y adaptado a la realidad de Canarias.
Para ello, a través del documento, las instituciones firmantes demandan un incremento en la próxima ficha financiera que compense el aumento significativo de los costes de producción, además de la creación de un POSEI Pesca, similar al que ya existe para los productos agrarios.
Entre los cambios sustanciales para el periodo 2028-2034 destaca la desaparición de los fondos FEAGA, FEADER y FEMPA en favor de un único fondo multifuncional que mezcla objetivos de diversas políticas.
Este planteamiento de la Comisión Europea ha suscitado también el rechazo generalizado del sector agrario y pesquero ante la necesidad de competir con otras áreas políticas por la asignación de fondos, lo que previsiblemente reducirá los recursos.
«UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA»
Aquí, Quintero explicó que «esta reivindicación es una cuestión de justicia para todos y todas las profesionales del sector primario que día a día desarrollan su actividad en cada una de las islas».
«Nuestra responsabilidad es defender un tratamiento diferenciado en el presupuesto comunitario de la actividad agraria y pesquera de las RUP, tal y como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento del UE, para garantizar el futuro del campo en Canarias», matizó.