El Gobierno Vasco está realizando un estudio sobre el «impacto» que tendrá sobre las bodegas de Rioja Alavesa la decisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja de garantizar la «exclusividad» del uso de este sello en respuesta a la creación de la marca ‘Viñedos de Álava’, un estudio que según ha informado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, servirá como base al recurso que, previsiblemente, presentará el Ejecutivo autonómico contra dicha decisión.
Tapia ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Oihana Extebarrieta en torno a la postura del Gobierno autonómico ante la medida adoptada por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
El pasado 17 de noviembre, la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura publicó en el Boletín Oficial del Estado el trámite de modificación del pliego de condiciones solicitado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, con el fin de garantizar el uso exclusivo de uvas para esa denominación, una medida con la que se pretende evitar que las bodegas inscritas en el sello ‘Viñedos de Álava’ puedan operar bajo este distintivo y también en el marco de la DOCa Rioja.
La parlamentaria de EH Bildu ha denunciado que se esté tratando de «imponer» la DOCa Rioja «como solución única» para los bodegueros y viticultores alaveses, por lo que ha advertido al Gobierno Vasco de que es «imprescindible» recurrir esta decisión para «defender los derechos» de las empresas y trabajadores del sector.
En su respuesta, la consejera ha anunciado que el Gobierno Vasco está realizando un estudio sobre el «impacto» que esta modificación en los estatutos de la Denominación Rioja puede tener sobre las bodegas y viticultores alaveses, con el fin de fijar una posición «debidamente motivada» ante dicha medida.
Tapia ha reconocido que este cambio de estatutos puede tener «un gran impacto» y causar un «perjuicio» a las empresas y trabajadores alaveses del sector; por lo que, en principio, el Gobierno Vasco es «partidario» de presentar alegaciones a esta decisión.
En todo caso, ha reiterado que antes de adoptar una decisión definitiva se analizará «el potencial riesgo de pérdidas» que implica este cambio estatutario para el sector, así como su repercusión sobre la «libertad empresarial» para decidir si se quiere operar en una u otra denominación, o incluso en «ambas».
La consejera de Desarrollo Económico, que ha explicado que existe un plazo de dos meses para presentar un recurso, ha afirmado que el Gobierno Vasco considera que los bodegueros y viticultores «tienen derecho a decidir qué quieren hacer con su empresa».