Asaja de Castilla y León ha apelado a la responsabilidad de los eslabones de la cadena alimentaria, y en especial a la distribución, para que la patata se pague con justicia al agricultor sin inflar el precio al consumidor, «algo que se puede y además se debe hacer», subraya Donaciano Dujo, presidente de la organización profesional agraria.
Castilla y León, productora del 40% de la patata española, se encuentra en estos momentos en plena campaña de arranque.
La superficie ronda las 17.000 hectáreas, lejos de las más de 20.000 de hace unos años, pero al menos se observa, tras años de caída, cierta recuperación del cultivo, cimentada en la subida de siembra en las dos principales provincias productoras, Valladolid y Salamanca.
Los altos costes que acarrea la patata -semilla, riego, fertilizantes, fitosanitarios- ha retraído el interés del cultivador, porque es una producción sometida a vaivenes importantes de precio, cuando no especulación.
Contra lo ocurrido en el Sur de España, donde la sequía redujo la producción, la campaña ha avanzado razonablemente bien en Castilla y León, por lo que se espera una producción de buena calidad y con rendimientos estables.
La horquilla de precios está entre los 25 y 35 céntimos, según variedades, y no debería bajar de estos umbrales, primero porque si no los cultivadores no compensarán los altos costes de producción (unos 20 céntimos por kilo), y segundo, porque la demanda de patata es importante, tanto dentro como fuera de España», subraya Donaciano Dujo.
Sin embargo, Asaja ha detectado unos precios inusualmente altos en buena parte de la gran distribución, que ofrece la ‘patata nueva española’ a precios de entre 1,70 euros e incluso 1,80 euros el kilogramo.
Dujo considera que «es importante que la cadena alimentaria funcione remunerando a cada eslabón, comenzando por el agricultor, pero también parece desmedido que el consumidor esté pagando seis veces más que lo que se paga en campo por la patata, alguien se está enriqueciendo más de la cuenta».
De este modo, mientras que los agricultores percibirán aproximadamente por la producción de Castilla y León unos 240 millones de euros, los consumidores pagarán por esas mismas patatas 1.200 millones.
Para el presidente de Asaja, «estas tensiones de precios son pan para hoy y hambre para mañana, porque al final provocan cambios en el consumo y que se recurra a importaciones de peor calidad que no queremos».
Por ello, apela a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial a la distribución, «porque al final parece que los agricultores somos los malos de la película, cuando apenas recibimos lo necesario para compensar los gastos de producción y nuestro trabajo, que algunos se creen que no valen nada».