El objetivo de la entidad es «mejorar su coherencia, eficacia y vinculación» con el sector agrario y cooperativo, según han afirmado la agrupación de cooperativas en un comunicado.
La entidad considera que el texto actual intenta regular la producción agraria pero «no la ordena» y reclama una norma «más clara, participativa y adaptada» a la realidad del campo balear.
La presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Jerònima Bonafé, ha apuntado que el sector cooperativo agrario es «clave para el futuro del campo balear», por lo que ha reivindicado que esta ley debería ser una herramienta «útil y coherente».
Las alegaciones buscan garantizar una norma que «refuerce» el papel del cooperativismo como «eje estratégico» de la economía, desarrollo rural y la sostenibilidad.
Por otro lado, han pedido que se «garantice» la representatividad legítima del sector a través de las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, al seguir el modelo europeo COPA-Cogeca.
Además, han reclamado que se elimine la figura de la explotación familiar asociativa, ya que «duplica y confunde» el papel de las cooperativas agrarias, ya regulado por la Ley 5/2023 de Sociedades Cooperativas y la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias.
Otro de los puntos que plantean es que se desarrollen medidas que garanticen los recursos hídricos «necesarios», tanto en cantidad como en calidad, para la actividad agraria y fomentar el «uso eficiente del agua».
Las cooperativas baleares también han tratado de responder a un comunicado emitido por la Federación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco) sobre las posibles contradicciones entre la futura Ley Agraria y la Ley de Comercio.
En ese sentido, han puntualizado que la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias, de ámbito estatal y plenamente vigente, ya regula las condiciones de venta directa de productores por parte de las explotaciones agrarias, al garantizar la «coherencia normativa».
«La venta directa agraria no pretende crear comercios encubiertos, sino fortalecer el vínculo entre productor y consumidor. Se trata de un derecho de los agricultores y se puede desarrollar, siempre y cuando, cumplan con la ley», han alegado.
En cuanto a la distribución y la logística, han incidido en que la Ley 5/2023 de Sociedades Cooperativas de Balears, establece en su artículo 169.6 que las sociedades cooperativas tienen la condición de mayoristas en la distribución o venta de sus productos. Por tanto, entienden que «no existe contradicción ni invasión de competencias».
Por último, han aclarado que las cooperativas «no son un eslabón más en la cadena alimentaria», ya que sus socios tienen una doble condición de propietarios y proveedores o clientes. «Gestionan de forma conjunta la producción y la venta de productos, sin interferir en el comercio», han subrayado.
En este aspecto, Bonafé ha remarcado que las cooperativas agrarias «no compiten con el comercio urbano», sino que lo «complementan», al «fortalecer la economía de las zonas rurales y de la actividad agraria». «La venta directa y la distribución son herramientas legítimas y reguladas, no una amenaza para el comercio tradicional», ha manifestado.