En este marco, la organización agraria ha celebrado su Sectorial Provincial de Patata, en la que productores y dirigentes han coincidido en señalar que en muchos casos se paga menos de 15 céntimos el kilo, incluso por debajo de 10, frente a unos costes de producción que superan los 8.000 o 10.000 euros por hectárea.
El presidente provincial de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, ha subrayado que el productor de patata «está trabajando en pérdida». «Si esta situación se mantiene, muchas explotaciones pueden desaparecer», ha lamentado en un comunicado recogido por Europa Press.
Otra de las principales criticas de los agricultores es «la enorme diferencia» entre lo que perciben y lo que paga el consumidor final. «Mientras en el campo se están abonando menos de 15 céntimos por kilo, en los lineales de los supermercados la patata se vende a uno e incluso dos euros», han indicado.
Esta diferencia, «que no son capaces de comprender», desincentiva la producción y el consumo. Además, esta situación, según Asaja, refleja un «mal» funcionamiento de la cadena alimentaria, donde «el productor asume el «riesgo», el consumidor «paga de más» y los márgenes intermedios se mantienen o incluso aumentan de forma «desproporcionada».
Asaja ha recordado que esta práctica incumpliría lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria al venderse por debajo de los costes de producción. Además, ha advertido de que la crisis «va más allá de una mala campaña».
«Los regadíos del oeste de Castilla y León se están quedando sin cultivos rentables. Europa ha desmantelado la remolacha azucarera y ahora, los regantes se ven abocados a rotar cultivos que solo son viables en condiciones de producción excepcional y patata», ha lamentado Asaja.
UNIÓN EUROPEA
Para revertir la situación, la organización ha planteado un paquete de medidas «urgentes» que incluye una reunión con la Junta de Castilla y León, controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, revisión de los contratos tipo vinculados a los costes reales de producción, y un mayor control de las importaciones desde países fuera de la Unión Europea.
También han reclamado la implantación del doble etiquetado, precio en origen y en punto de venta, y ayudas públicas a infraestructuras de almacenamiento y transformación de origen.
«No pedimos subvenciones, pedimos reglas justas. Si se nos exige producir con las normas europeas más estrictas, también debe garantizarse que podamos vender con rentabilidad», ha concluido Delgado.