La organización agraria reconoce que este traspaso está recogido en el Estatut d’Autonomia pero considera que, en el actual contexto, «no es una medida ni oportuna, ni prioritaria» y que «no aportaría mejoras reales en la gestión agraria de la isla», según ha explicado Asaja en un comunicado.
En ese sentido, han alegado que esta propuesta «no responde, ahora mismo, a ninguna necesidad actual del sector agrario». El presidente de Asaja Baleares, Joan Company, ha defendido que el debate sobre las competencias es un «debate político» y la reivindicado que lo que necesitan actualmente los campesinos «no son más estructuras administrativas, sino más eficacia y coordinación».
La organización agraria ha subrayado que la mayor parte de las políticas agrarias «continuarían dependiendo del Govern y del Ministerio de Agricultura», puesto que han sostenido que no se transferirían ni las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ni el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), ni tampoco las competencias en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o relaciones con la Unión Europea.
«Lo que se transferiría es solo la gestión del día a día, algunas acciones de promoción y trámites menores que ahora ya se ejercen desde el Consell en coordinación con el Govern y que se llevan a cabo con normalidad y eficacia», ha añadido Company.
Asaja ha remarcado que la Ley Agraria de 2019 preveía este traspaso en un plazo de cinco años pero durante las anteriores legislaturas «no se avanzó, ni un solo paso».
También recuerda que el Decreto de Simplificación Administrativa de 2024 eliminó este plazo para que el traspaso solo se lleve a cabo cuando «haya las condiciones técnicas, presupuestarias y organizativas adecuadas».
Respecto de las acusaciones de MÉS sobre una supuesta «desprotección del suelo rústico», Asaja ha incidido que la figura de las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), creada por la ley de 2019, «nunca se llegó a aplicar», puesto que el Consell de Mallorca «no delimitó ninguno en cinco años».
«El Anteproyecto de Ley Agraria 2025, en cambio, establece criterios de protección para todo el suelo rústico, al exigir informes vinculantes de la Administración agraria antes de cualquier nueva edificación o uso no agrario», han manifestado.
Finalmente, Asaja ha defendido que la nueva Ley Agraria de 2025 «moderniza» el marco normativo, «simplifica la gestión y refuerza la viabilidad económica de las explotaciones».
También han destacado que se «prioriza» la producción ecológica, las razas autóctonas y las variedades locales, y establece el compromiso del Govern de «financiar parte de los costes de certificación para hacer más accesible este tipo de producción».
«El debate no tendría que ser quién gestiona las competencias, sino como se garantiza que el campo sea viable, productivo y sostenible. Se necesita estabilidad, coordinación y agilidad, no una nueva fragmentación institucional», ha concluido Company.