Como ha apuntado la consejera, la ley ha recibido este miércoles, junto con la Ley para la Gestión Ambiental (Legam), luz verde por parte del Consejo de Gobierno para su tramitación parlamentaria.
La consejera ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en el acto inaugural de la Jornada ‘Montes con futuro. Gestión, producción y comercialización forestal en la provincia de Cádiz’, que ha organizado Asaja Cádiz en Jerez de la Frontera, y en la que participan técnicos especialistas en la materia y responsables de la propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha indicado la Junta en una nota.
En el transcurso del acto inaugural Catalina García ha asegurado que los montes andaluces y los de la provincia de Cádiz «tienen un gran presente y un extraordinario futuro» y que para impulsarlo es para lo que estamos legislando, actualizando el marco normativo, ya que la Ley Forestal vigente es de 1992, anterior incluso a la Ley básica estatal, que data de 2003″.
En ese sentido, ha hecho hincapié en que el Plan Forestal Andaluz 2030, aprobado en la presente legislatura, «ya señalaba la necesidad de la actualización de la legislación en materia forestal», no solo para «armonizar la normativa», sino para incorporar los cambios sociales, económicos, ambientales y tecnológicos «que han transformado por completo la gestión forestal en las últimas tres décadas».
Al respecto, ha añadido que la LEMA, «que nace del diálogo con todos los agentes implicados y busca dar respuesta a una realidad rural que demanda flexibilidad, equilibrio y seguridad jurídica», permitirá una planificación «más eficaz» de los recursos forestales, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y fomentando actividades que generen empleo verde en el medio rural.
La consejera ha destacado que el texto legal refuerza el apoyo a la ganadería extensiva y los usos silvopastorales, que son «claves» para mantener el equilibrio ecológico, fijar población en el territorio, conservar las razas autóctonas y prevenir incendios. En este marco, ha afirmado, «la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería son una prioridad para el Gobierno andaluz porque de ella depende la economía rural, la conservación de nuestros ecosistemas y del paisaje que define a Andalucía».
Por eso, ha puesto de relieve la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias como Asaja, que representan «un pilar esencial» para diseñar políticas que respondan a «las verdaderas necesidades del territorio».
El texto aborda la recuperación del Fondo de Mejoras, una figura histórica que había sido obviada por la ley forestal del 92. Este fondo es crucial para la gestión de montes públicos catalogados. Tras el cambio de gobierno, se intentó regularlo mediante un decreto, pero se decidió concentrar la normativa para facilitar su aplicación. La nueva ley (LEMA) regula el fondo dentro del marco legislativo básico, destacando su importancia para el desarrollo de planes de mejora en los montes públicos.
La consejera ha enfatizado que «por primera vez» la ley regula los servicios ambientales de los montes andaluces, su capacidad para absorber CO2, conservar suelos, filtrar agua o generar biodiversidad, servicios que podrán ser objeto de compensación económica, creando «un sistema justo que reconozca el valor de quienes cuidan el territorio».
Catalina García ha mencionado también la línea de ayudas para maquinaria forestal, que se reflejará en una orden en la que se está trabajando y que, como medida, se recoge en el capítulo de incentivos para la gestión forestal sostenible de la Ley de Montes y se encuentra reflejada en el Plan Andaluz Horizonte 2030.
Una iniciativa, a su juicio, «pionera y necesaria» que responde a «una demanda histórica del sector» y que «marca un antes y un después en la gestión sostenible de nuestros montes».
Además, ha indicado que se va a poner a disposición de los profesionales del sector forestal una línea específica de subvenciones dirigida a la adquisición de maquinaria moderna, más segura y eficiente, dando «un paso decisivo» para impulsar un cambio estructural en la actividad forestal, apoyando al sector en la renovación de sus equipos y en su adaptación a las exigencias del presente y del futuro, aumentando así la competitividad.
Al mismo tiempo, ha resaltado, entre las novedades que conlleva la orden, la incorporación de una aplicación que va a permitir trasponer la solicitud gráfica de las actuaciones al formulario de solicitud, agilizando el trámite, además de otras medidas demandas por el sector como la justificación de la ayuda en la modalidad de módulos.
En su intervención, también se ha referido a la Orden de Predadores, que avanza en su tramitación, un texto que «hace apenas unas semanas ha dado un paso decisivo tras su presentación en sesión extraordinaria del Comité de Caza».
Es una orden «reclamada por el sector durante más de dos décadas», ha puntualizado, añadiendo que permitirá cumplir uno de los últimos puntos pendientes del Pacto Andaluz por la Caza, «consolidando un marco estable y consensuado que garantiza la sostenibilidad del sector y la convivencia entre conservación y la gestión de los aprovechamientos».
Así las cosas, ha subrayado que la Orden de Predadores es «un ejemplo de cómo se trabaja desde la Junta de Andalucía», apuntado al «diálogo, la participación y el respeto a la pluralidad de sensibilidades que conviven en torno a la caza».
Como ha expresado, el texto ha sido analizado «en profundidad» por los técnicos de la Consejería y debatido en sucesivos Comités de Caza, donde están representados el sector cinegético, los grupos ecologistas, organizaciones agrarias, sindicales y distintas consejerías del Gobierno andaluz.
POLÍTICA FORESTAL COMO PILAR SÓLIDO DE LOS PRESUPUESTOS
Como ha apuntado la Junta, son 417,3 millones de euros los que se destinará en 2026 a inversiones directas orientadas a la mejora de la gestión ambiental y forestal, así como a la protección de la biodiversidad.
De esa cifra, las partidas para Política Forestal, Biodiversidad y Espacios Naturales Protegidos suman 234,7 millones de euros, de los que casi 60 millones se han consignado para la conservación y protección de los espacios naturales.
Son cifras que sobresalen de una envolvente total de la Consejería que alcanza los 673,6 millones de euros y que prevén inversiones en la provincia de Cádiz por un total de 28,6 millones de euros.
De estos, 4,9 millones de euros se emplearán en actuaciones selvícolas, tanto en montes públicos como privados, con el objetivo de prevenir incendios, conservar los suelos y reforzar la salud de los ecosistemas forestales.
La consejera ha concluido mencionando varios proyectos de gran importancia en la provincia de Cádiz. Entre ellos, la adecuación del Centro de Recuperación de Especies Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María, con una inversión de 700.000 euros; la modernización del Centro de Gestión de Especies Marinas en Algeciras, que contará con un presupuesto de un millón de euros; y la restauración del humedal de la Mesa de Asta, en Jerez de la Frontera, con una dotación de 400.000 euros. A estas actuaciones se suma también el acondicionamiento de la Salina de Carboneros.