La entidad ha defendido este miércoles en un comunicado la necesidad de ayudas directas para «no dejar desamparados a los granjeros que están haciendo las cosas bien» para evitar la propagación del virus.
Desde la detección del virus en la zona de Collserola (Barcelona), se han eliminado los movimientos de animales porcinos domésticos, aumentado los controles de bioseguridad y limitado las actividades como la caza, medidas que la JARC ha calificado como necesarias, pero con «un coste altísimo para los ganaderos».
Según datos compartidos por la JARC, hay 55 explotaciones porcinas, que suman un total de 80.000 plazas y un censo de 61.500 animales dentro de la zona afectada, a lo que se suma una caída del 17% en las cotizaciones de la carne de cerdo en Mercolleida, lonja de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino.
Además de las ayudas y la llamada a reducir la población de jabalíes que reclama el sector, la entidad también ha puesto el foco en la necesidad de «activar el almacenamiento de carne a través de ayudas europeas para evitar una mayor caída de precios» o un mayor control de las importaciones de animales vivos.