AVA-Asaja considera que el texto, «lejos de garantizar unas condiciones de competencia justas, profundiza en la desprotección del cultivo de arroz en España y en el conjunto de la Unión Europea». A su juicio, el compromiso político alcanzado por las instituciones europeas «no responde a la situación real del mercado, marcada por un flujo de importaciones procedentes de países menos desarrollados».
La asociación ha lamentado que «se haya desaprovechado una oportunidad decisiva para establecer un mecanismo automático de salvaguardia verdaderamente operativo frente al incremento descontrolado de las entradas de arroz a bajo coste». En palabras del presidente del grupo de trabajo de arroz de Copa-Cogeca y tesorero de AVA-Asaja, Miguel Minguet, «las instituciones europeas sentencian a muerte al sector arrocero».
La organización agraria ha explicado que el umbral de activación, 562.000 toneladas, «supera con creces la cantidad de importación que el mercado europeo puede absorber». «De hecho, este año se han alcanzado las 547.000 toneladas (menos del umbral impuesto) y han provocado un hundimiento de los precios en origen», ha expuesto.
AVA-Asaja considera inadmisible que, después de cuatro años de negociaciones, la definición de «situación excepcional» se base precisamente en los volúmenes que han provocado el deterioro del mercado. De esta manera, la cláusula de salvaguardia queda «vacía de contenido, al no activarse en los escenarios de crisis que el propio sector viene denunciando desde hace más de una década», ha lamentado la asociación.
«Si esta dinámica se mantiene, inevitablemente habrá un abandono del cultivo, pérdida de superficie y daños económicos irreversibles para el agricultor profesional», ha advertido, antes de añadir que a esta situación se suman «nuevas presiones derivadas de futuros acuerdos comerciales», como el de India y Mercosur.
«Exigimos que a la hora de ratificar el resultado de los trílogos tanto el Parlamento Europeo (en especial los eurodiputados españoles) como el Consejo (los países productores, entre ellos España) rechacen frontalmente el resultado final del trílogo», ha subrayado Miguet»
«SE ACTIVARÁ CUANDO SEA DEMASIADO TARDE»
Por su parte, la Unió Llauradora ha lamentado que «la Unión Europea, de nuevo, no haya sabido defender las producciones comunitarias». «El compromiso político alcanzado sobre la reforma del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) parte de una cifra demasiado alta que pagarán los agricultores valencianos en forma de competencia desleal», ha avisado.
La organización cree que, «aunque esto solo entre en vigor en 2027 y esta reforma aún puede tener recorrido y cambiar algo, la base ya no gusta» porque «diseñar una cláusula de salvaguarda solo para casos muy excepcionales es erróneo, pues solo se activará in extremis y cuando ya sea demasiado tarde».
La Unió ha criticado que, «mientras en Europa se ponen trabas para la producción, en otras zonas las condiciones del cultivo del arroz están en las antípodas de las exigencias ambientales y sociolaborales europeas y la importación del arroz, con preferencias arancelarias, genera una creciente competencia desleal y un gran malestar».
Por otro lado, la organización ha mostrado su «impotencia al comprobar que los países que exportan a la Unión Europea, después de más de 30 años de fronteras abiertas y libres de aranceles, siguen siendo los más pobres del planeta según la ONU, por lo que no entiende a quién beneficia todo esto, siendo el arroz una de sus principales fuentes económicas».
Al mismo tiempo, ha apelado a los grupos ecologistas por la importancia que tiene el cultivo del arroz en los humedales de la UE que, «de seguir en esta línea, se verán gravemente afectados».
Desde las organizaciones que componen la Unión de Uniones se va a empezar una ronda de contactos con ONGs y ecologistas para tratar estos temas que preocupan más allá de los acuerdos comerciales.
RECLAMAN MÁS HERRAMIENTAS
Por otro lado, la Unió ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, solicitando su apoyo en la próxima reunión europea del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF), prevista para los días 10 y 11 de diciembre, en la que se debatirá la autorización de la sustancia activa Benzobicyclon, clave para el control de malas hierbas en el arroz en condiciones de inundación.
La organización pone en evidencia «las escasas herramientas» con las que cuentan los agricultores para combatir plagas y enfermedades cada vez más resistentes Cyperus difformis, Leptochloa spp. y Heteranthera spp).
La Unió ha recordado que la evaluación científica de Benzobicyclon aún no ha concluido, por lo que «su retirada sería prematura y dejaría al sector sin alternativas viables». «En los últimos años, España ha tenido que recurrir repetidamente a autorizaciones de emergencia, una situación que no es sostenible ni deseable a largo plazo», comentan desde la organización. «Necesitamos una solución real, más investigación y no parches todo el rato», ha añadido.
La Unió ha advertido que «la combinación de menos herramientas para producir y más desequilibrio en el mercado puede provocar la caída de la producción, el aumento de la dependencia de terceros países y el deterioro de humedales y ecosistemas cuya conservación depende directamente de los arrozales», como la Albufera o la Marjal de Pego-Oliva.
Las «desleales importaciones» de países terceros es uno de los motivos de la protesta del próximo 18 de diciembre que ha convocado La Unió Llauradora el próximo 18 de diciembre en València.