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La Comisión de Agricultura de las Cortes pide a la Comisión Europea que financie la vacunación contra la dermatosis

Las Cortes de Aragón han dado luz verde este lunes, en la Comisión de Agricultura, a una proposición no de ley del PP para pedir a la Comisión Europea que revise la catalogación de la Dermatosis Nodular Contagiosa, pasando de considerarla como de Categoría A a Categoría B, hecho que permitiría una respuesta más ágil y eficaz, instando a que se incluya además la financiación comunitaria para campañas de vacunación y compensación».

Han votado a favor todos los grupos excepto el PSOE, que se ha abstenido. El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado del PP José María Giménez, quien ha realzado el trabajo hecho por el Gobierno de Aragón en relación a esta enfermedad, y ha incidido en la necesidad de «pasar de la categoría A a la B la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa para evitar que todos los animales de una explotación deban ser sacrificados cuando aparezca un caso», ya que «la mortalidad de esta enfermedad no es alta».

El socialista Marcel Iglesias ha incidido en que «desde aquí el impulso se debe dar al Gobierno de Aragón, no al Gobierno de España», y ha recordado que «la semana pasada ya se aprobaron dos iniciativas sobre esta cuestión a las que el Gobierno de Aragón no hizo caso», ya que «debería haber hecho un decreto con medidas preventivas por si la situación se complicase».

Desde las filas de Vox, Santiago Morón ha reconocido «compartir todos los puntos» de la iniciativa del PP y, en relación con el tercer punto ha declarado que «no tiene sentido que se abonen unas subvenciones y que luego estén sujetas a tributación».

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha denunciado que «el marco actual para afrontar la dermatosis nodular contagiosa es insuficiente», ya que «la normativa nos aboca a un modelo reactivo y nos ata de pies y manos a la hora de tomar decisiones».

La diputada de Teruel Existe Pilar Buj ha defendido que «tener una normativa clara y estable con acceso a mecanismos comunitarios reduciría la incertidumbre de los ganaderos» y «se podría mejorar la trazabilidad y el control en las explotaciones».