La proposición de Ley Foral impulsada por UPN tenía por objeto «regular la generación, verificación, registro, certificación, comercialización e incentivo fiscal de créditos de carbono en los sectores primario y forestal, con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático, el fomento de la sostenibilidad territorial y el acceso a mercados voluntarios y regulados».
A decir del proponente, se trata de una herramienta «innovadora para incentivar prácticas sostenibles y regeneradoras en el marco de la lucha contra el cambio climático, una prioridad estratégica global que exige la adopción de medidas normativas eficaces y estructurales en todos los campos económicos».
Es por eso por lo que, teniendo en cuenta que la agricultura, la ganadería y los sistemas forestales, en su doble condición de «emisores y potenciales sumideros de carbono», desempeñan un papel «clave en la mitigación de emisiones de gases invernadero (GEI) y la transición hacia una economía climáticamente neutra», se propugnaba la conversión de Navarra en un «referente europeo de proyectos de captura, reducción y compensación de emisiones», con «el consiguiente desarrollo a nivel económico, tecnológico y territorial».
La compraventa de créditos de carbono vinculados a proyectos agrícolas, ganaderos y forestales estaría sujeta a criterios de sostenibilidad (ambiental, social y económica) verificados y certificados por entidades acreditadas (INTIA, GANNIK), abiertas a la colaboración de universidades, centros tecnológicos y entidades privadas acreditadas, también en formato de cooperativa.
En ese marco, se pretendía establecer «un mercado foral voluntario, compatible con los de ámbito nacional, europeo e internacional», donde los créditos (generados en Navarra) podrán negociarse a través de operaciones directas o mediante plataformas autorizadas.
A efectos de «garantizar la cohesión territorial», el «acceso equitativo» de los pequeños productores y la agregación de ofertas «en condiciones de transparencia», se otorgaba a las cooperativas certificadoras prioridad para la comercialización de los créditos generados por sus socios, que «podrán concurrir (todos) sin discriminación».
Para tener «validez jurídica y fiscal», toda transacción, también las que efectúen los productores individuales directamente o a través de otras entidades autorizadas, se apuntaba que debían inscribirse en el Registro Foral de Créditos de Carbono, organismo interoperable con el Registro Nacional de Derechos de Emisión y con el futuro Registro Europeo de Absorciones.
La proposición de Ley contemplaba, a su vez, la creación de una Oficina Foral de Créditos de Carbono, que actuaría como ventanilla única para los productores, a los que ofrecería asistencia técnica y metodológica, además de coordinación con las cooperativas y entidades (INTIA y GANNIK) certificadoras.
Con el fin de evaluar la integridad de los créditos, la ausencia de doble contabilidad y la eficacia de los procesos de verificación, el Registro y la Oficina se someterían a una auditoría externa cada tres años.
Del mismo modo, se preveía la constitución de un Consejo Asesor Foral de Créditos de Carbono, como órgano de participación y consulta, dirigido a emitir informes no vinculantes sobre la evolución del mercado, la eficacia ambiental de los proyectos y la revisión de incentivos fiscales. Estaría integrado, además de por miembros de la Administración Foral, por representantes de cooperativas agrícolas y ganaderas, entidades forestales y de pastoreo extensivo, asociaciones medioambientales, universidades y centros tecnológicos.
Se proponía que la autoridad responsable de la aplicación de esta Ley fuera la Dirección General competente en cambio climático, que sería la encargada de gestionar el Registro Foral de Créditos, supervisar a las entidades certificadoras y cooperativas acreditadas, emitir directrices técnicas y metodológicas y coordinarse con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Comisión Europea en materia de interoperabilidad de registros.