Pumares, en declaraciones a los medios, ha subrayado que la resolución judicial es «muy clara» al apreciar la vulneración de derechos fundamentales, en concreto el derecho constitucional de asociación, y al considerar desproporcionada la actuación del Ejecutivo regional.
En este sentido, ha afirmado que la decisión de intervenir la IGP no contaba con justificación y ha señalado que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, debería plantearse su continuidad tras el pronunciamiento judicial. «Compromete la continuidad de Marcello Marcos en su cargo y también de las personas de su equipo que le han acompañado en esta decisión», ha insistido.
El dirigente de Foro ha insistido en que el fallo es «demoledor» y demuestra, a su juicio, que la actuación del Gobierno no solo era políticamente cuestionable, sino contraria a la legalidad.