En el transcurso de la reunión, Por Andalucía e IU, según han informado posteriormente en nota de prensa, han alertado de «las graves consecuencias que la política exterior y comercial de la Unión Europea está teniendo sobre el campo granadino y andaluz». La formación ha mostrado su rechazo a los acuerdos de libre comercio como el de Mercosur, advirtiendo que suponen «una entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias, laborales ni medioambientales que se imponen a los productores locales, hundiendo así la rentabilidad de las explotaciones andaluzas».
«El campo tiene un papel estratégico fundamental para Andalucía y para toda España, pero hoy está siendo amenazado por tierra, mar y aire. Defender de verdad a este sector pasa, en primer lugar, por reconocer el daño que le hace el cambio climático, como estamos viendo con los recientes temporales que arrasan nuestras cosechas. Por eso, desde Por Andalucía defendemos políticas públicas valientes y adaptadas al cambio climático que protejan a nuestros agricultores y aseguren el futuro de nuestra tierra», ha indicado Sánchez Rufo.
Otro eje central ha sido la denuncia de los recortes en la Política Agraria Común (PAC), que han indicado que «castigan al modelo social y profesional que defienden COAG e IU». La candidatura progresista ha mostrado su enfado al afirmar que en Europa «no hay dinero para sostener a quienes nos dan de comer, mientras se aprueban aumentos históricos e injustificados en inversión militar». De este modo, han mantenido, «la verdadera seguridad nacional pasa por garantizar la supervivencia del sector primario, no por engrosar la industria armamentística».
La reunión con Ceres ha puesto el foco en la urgencia de fomentar el liderazgo femenino en las cooperativas y en la titularidad de las explotaciones. Mari Carmen Pérez ha insistido en que las mujeres rurales son quienes fijan la población al territorio, por lo que las administraciones deben «garantizar políticas de conciliación, derechos laborales y cuotas que rompan el techo de cristal en un sector fuertemente masculinizado».
Frente a este escenario de asfixia, IU reclama como medida de urgencia una Ley de Soberanía Alimentaria que «blinde jurídicamente el respaldo a las explotaciones familiares y garantice precios justos en origen». Este marco normativo es, según la coalición, la única vía realista para «frenar la despoblación de las comarcas rurales y fomentar el indispensable relevo generacional, asegurando que los jóvenes puedan vivir dignamente del campo».
IU Granada se ha comprometido en este contexto a trasladar todas estas demandas al Parlamento andaluz, consolidando un proyecto político que «prioriza los servicios públicos, el empleo verde y la protección incondicional del pequeño agricultor frente a los intereses de los grandes fondos de inversión agroindustriales».