El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha reclamado a las industrias del tomate de la región una subida de los precios que paga a los productores para que estos puedan cubrir el incremento de los costes de producción en la próxima campaña.
Así, ha hecho un llamamiento tanto a los agricultores como a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para que «cierren precios superiores a los del año pasado», a pesar de que es muy pronto y hay aún sobre la mesa «incertidumbres» por la climatología, como en la cuenca del Guadiana, donde «todavía no está asegurada la campaña», ha señalado Huertas.
En este sentido, ha apuntado en una rueda de prensa en Mérida que si los agricultores no perciben unos precios «rentables» se decantarán por otras alternativas como son los cultivos leñosos (olivar, almendro, etc), donde la superficie se está «incrementando mucho» en los últimos años y para esas explotaciones supondría «el adiós definitivo» al tomate.
Además, desde la organización agraria señalan que las industrias han tenido un año muy positivo porque el producto está vendido, con una subida de entre un 25% y un 30% en el precio del coste del tomate transformado, por lo que han «incrementado sus beneficios de manera importante en la campaña pasada y tienen buenas expectativas para la próxima».
CAMPAÑA CON «TENDENCIA A LA BAJA»
Sobre la campaña 2023, UPA-UCE mantiene que se ha recuperado la superficie sobre el 2022, pasando de 19.500 hectáreas a 22.000 hectáreas, pero no hemos llegado a la superficie tradicional que son 24.000.
Respecto a la producción, señalan que ha sido «peor» en las Vegas Altas debido a la merma en la producción que han provocado los «problemas climatológicos y fitosanitarios». Por su parte, en las Vegas Bajas ha ido «algo mejor» aunque tampoco se trata de una «gran cosecha».
Los rendimientos medios han estado en 86,57 tonelada por hectárea, que ha sido «un poco mejor» que en 2022, cuando estaba en 82,45 tonelada por hectárea y por debajo de la contratada con 92,42, explica la organización en una nota de prensa.
Con respecto a los costes que han tenido los agricultores, la organización agraria destaca una subida del 9%, al pasar de 138 euros a 145 euros por tonelada, por lo que la rentabilidad de las explotaciones «no ha subido lo que se esperaba» cuando se firmaron los contratos.
ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA
Por otro lado, UPA-UCE Extremadura ha lamentado, una vez más, que un 70% de las explotaciones que han padecido la enfermedad «sigue sin poder percibir las ayudas» establecidas para paliar sus efectos.
«No se ha escuchado nuestra petición de establecer una línea ayuda general para todas las explotaciones, con independencia de que hayan notificado o no la enfermedad porque, desgraciadamente, el 99% de ellas o la han sufrido o han tenido que asumir los costes para erradicarla», apunta Huertas.
Además, ha criticado que el 50% de los animales de la región siguen fuera de estas ayudas. «Nos parece buena noticia que se hayan incorporado explotaciones que habían quedado fuera en un principio, pero tenemos que decir que es claramente insuficiente porque deja fuera al 70% de los ganaderos de vacuno de carne que deberían haber tenido un apoyo igual que el resto», ha destacado.