Los ministros de Agricultura de España y otros 12 países han expresado, en un carta dirigida a la Comisión Europea, «serias preocupaciones» por el veto concedido a Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia sobre las importaciones de cereales de Ucrania porque consideran que «conduce a un trato diferenciado dentro del Mercado Interior».
Se trata de una medida de salvaguardia temporal y excepcional, en vigor desde el pasado 2 de mayo y hasta el próximo 5 de junio, que afecta al trigo, el maíz, la colza y las semillas de girasol procedentes de Ucrania y que estaba sujeta a que Polonia, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia eliminasen los vetos nacionales que impusieron a estos y otros productos agrícolas procedentes del país vecino de forma unilateral y previos a la propuesta de Bruselas.
El acuerdo incluye también un segundo tramo de 100 millones de euros de ayuda financiera a estos países que se encuentran en primera línea, una partida que se suma a los 56,3 millones financiados por la reserva agrícola que ya se concedió a los agricultores búlgaros, polacos y rumanos.
En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ministros de Francia, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y España piden a Bruselas transparencia, preocupados por el precedente que pueda sentar, reclaman respuestas sobre el futuro tratamiento de casos de naturaleza o escala comparable que pudieran plantear uno o varios Estados miembro.
El bloque reconoce que las importaciones de productos ucranianos en la Unión Europea, en particular cereales y oleaginosas, pueden haber «desestabilizado» los mercados de los Estados miembro vecinos de Ucrania debido al aumento de las cantidades almacenadas, lo que ha provocado una caída de los precios y de los ingresos de los agricultores.
Sin embargo, a pesar de mostrarse «a favor de encontrar soluciones europeas que tengan en cuenta las dificultades de algunos Estados miembro», estos trece países advierten de que «la integridad del Mercado Interior no puede ser una variable de ajuste» y critican que la Comisión haya adoptado esta medida sin consultar previamente a los Veintisiete.
«Como mínimo, es necesario aclarar cómo se relacionan estas propuestas y medidas con las normas y el funcionamiento del mercado interior y la política comercial de la Unión, en particular con respecto a las obligaciones de la UE hacia Ucrania derivadas del Acuerdo de Asociación», señala la carta remitida al Ejecutivo comunitario este miércoles, en la que también se exigen «cuanto antes» explicaciones sobre los criterios utilizados para proponer el importe del paquete de 100 millones de euros, así como los utilizados para su reparto.
Ante esta «situación sin precedentes», los países firmantes han pedido que la solidaridad europea con Ucrania y con los agricultores afectados siga guiando las acciones de la UE para que sus diferencias «no jueguen a favor de Rusia» y que «cualesquiera que sean las medidas que se adopten, deben basarse en el marco europeo existente».
Así, la carta insta a Bruselas «a que vuelva a un procedimiento transparente conforme a las normas establecidas dentro del funcionamiento y la labor de la UE y sus Estados miembro».
RESPUESTA DE BRUSELAS
Por su parte, la portavoz de Agricultura y Comercio de la Comisión, Miriam García Ferrer, ha confirmado la recepción de la carta y ha asegurado que cuando se alcanzó el acuerdo para adoptar esta medida «acotada en duración y alcance», se informó a los demás Estados miembro mediante el procedimiento habitual.
También ha recordado que el reglamento que suspende los aranceles a Ucrania –renovado hasta junio de 2024– incluye un artículo que permite tomar medidas preventivas en caso de perturbación del mercado, como ha ocurrido con los cuellos de botella generados en el almacenamiento de los cinco países colindantes por el aumento de las importaciones.
Las medidas, en los términos en los que han sido acordadas con las autoridades polacas, húngaras, eslovacas, búlgaras y rumanas, así como con las ucranianas, expirarán el próximo 5 de junio, aunque se contempla la posibilidad de una prórroga si continúan afectando sus economías.
Asimismo, la portavoz del Ejecutivo comunitario, Dana Spinant, ha avanzado que Bruselas responderá a la carta y expondrá argumentos para explicar a los Estados miembro firmantes las razones que han motivado la adopción de este paquete de medidas.