La Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han anunciado el inicio de una campaña informativa y futuras movilizaciones para «contrarrestar» el «grave retroceso en materia medioambiental y ética» que, a su juicio, acompaña este proyecto legislativo formalizado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los colectivos inciden en que el colectivo cinegético cuenta con unas 43.800 licencias de caza, lo que representa en torno al 0,63% de la población madrileña, pero el terreno sobre el que pueden actuar se extiende por unas 576.000 hectáreas, en torno al 70% de la superficie de la Comunidad de Madrid.
Además, denuncian que se «intensifica la presión sobre especies silvestres» al pasar de 24 a 31 el listado cinegético de especies, incluyendo aves vinculadas a humedales –como gansos, ánades o agachadizas– cuyas poblaciones están «en declive» en le región y en toda la Península.
A esto se le suma la recuperación de algunas modalidades de caza prohibidas hasta la fecha por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo, ambas prácticas que emplean animales vivos como señuelo. Los ecologistas recuerdan que la caza es «una actividad recreativa que encuentra disfrute en la muerte de animales».
La nueva norma propuesta por la Comunidad de Madrid elimina trabas temporales al declarar hábiles todos los días del año para la caza, prohíbe el acceso a caminos públicos y a márgenes de ríos durante las jornadas de caza, autoriza el uso de drones, dispositivos térmicos o de visión nocturna para localizar a los animales.
En este sentido, los ecologistas han alertado de que el uso de estos dispositivos «acorrala a los animales» sin dejarles posibilidades de huir. Asimismo, se habilita el empleo de perros de rehalas –entre 200 y 500 por montería–, lo que genera en estos animales «estrés, lesiones y abandono» y quedan fuera de la Ley de Animales de Compañía.
Finalmente, las organizaciones han alzado la voz contra una medida que, a su juicio, «limita el derecho a la protesta» al penalizar el acceso de personas no cazadoras a las zonas de caza. Advierten de que se delega casi toda la supervisión en los titulares de los cotos, dejando sin control efectivo la planificación de especies cazadas.
Ante este panorama, tanto la Plataforma Ecologista Madrileña como la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han anunciado una campaña continuada de información para «desmontar los argumentos del Ejecutivo regional» y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse «en defensa de la biodiversidad y el bienestar animal».