La concentración, que cuenta con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal, también sirve para mostrar su rechazo a los recortes previstos para la próxima convocatoria de la Política Agraria Común (PAC).
La protesta pone el foco en dos ejes que, según han trasladado ambas organizaciones en un comunicado, «amenazan directamente la viabilidad y la supervivencia del campo europeo»: los acuerdos de libre comercio entre la UE y terceros países, incluido el de Mercosur, y la reducción de apoyos junto a los cambios estructurales previstos en la PAC.
En concreto, el pacto con Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– ya ha sido aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y queda pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo, un trámite que debe completarse antes de mayo de este año.
Así, tras más de 20 años de negociaciones, el acuerdo ha modificado su estatus y ha pasado de ser un Acuerdo de Asociación a convertirse en un Acuerdo Comercial centrado en las relaciones comerciales, «lo que va a suponer un impacto dramático no solo, aunque sí principalmente, para el sector agrario, sino para el propio modelo europeo de producción de alimentos».
Desde las organizaciones agrarias se sostiene que los únicos beneficiarios de iniciativas de este tipo «son los grandes fondos financieros que especulan con el sector agrario, además de industrias ajenas al campo, como la automoción o el sector farmacéutico».
Por el contrario, las pequeñas y medianas explotaciones familiares agrarias, base del sistema agrario europeo, «asumen los mayores costes, estando en peligro su viabilidad y supervivencia como sistema». «Las consecuencias van, por tanto, mucho más allá de la rentabilidad económica», han matizado.
La entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de otros países, y más en concreto ahora de Mercosur, plantea «serias dudas en materia de seguridad alimentaria».
Las organizaciones agrarias aseguran que «llevan años advirtiendo de los peligros de las importaciones de terceros países sin control, así como denunciando que las prácticas fitosanitarias y de modelos productivos abusivos, permitidas en estos entornos, encontrándose salvaguardados en el contexto de la UE donde se vela por el bienestar social, la salud y el medio ambiente».
«Así, y sin garantías efectivas de reciprocidad, los productos importados llegarían al mercado comunitario sin cumplir los mismos estándares sanitarios y de trazabilidad que se exigen a los productores europeos, lo que supone un riesgo para la población en general», subraya el comunicado.
De la misma manera, se advierte de que el acuerdo «ignora las profundas diferencias en materia de derechos laborales, salariales y de protección social, lo que, además de esconder prácticas deshumanizadas, se traduce en una ventaja competitiva basada en menores costes y en una presión añadida sobre los precios en origen en Europa».
«No se puede hablar de libre comercio cuando las reglas del juego no son iguales para todos», insisten desde Asaja y COAG Almería. También se cuestiona la eficacia de las cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo. Estos mecanismos son «claramente insuficientes y ofrecen más una garantía política que una protección real».
Su aplicación queda supeditada a complejos procedimientos administrativos y a la demostración de daños graves al mercado, cuando el impacto sobre los precios y la rentabilidad de las explotaciones ya sería «difícilmente reversible».
Además, su credibilidad «se encuentra en entredicho por el débil contexto de control en origen y la ausencia de un sistema europeo de fronteras eficaz, lo que hace prácticamente inviable verificar que los productos importados cumplan los estándares exigidos en la UE».
En este sentido, recuerdan que incluso países integrados en Mercosur han expresado públicamente sus reticencias a aceptar controles adicionales, «lo que deja estas salvaguardas en una posición de absoluta debilidad y de difícil aplicación real».
RECORTES DE LA PAC Y «PÉRDIDA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA»
En paralelo, la situación se ve «agravada por los recortes y la pérdida de peso de la PAC». El nuevo marco presupuestario europeo apunta a una «reducción de fondos y a una desaparición de la singularidad de la PAC como política estratégica».
«Menos presupuesto, más exigencias y mayor burocracia dibujan un escenario que dificulta la continuidad de miles de explotaciones y acelera el abandono del medio rural. Debilitar la PAC es acabar con la capacidad de Europa para garantizar su soberanía alimentaria», añade el comunicado.
Así, reclaman a los responsables políticos que escuchen al campo antes de dar por cerrado el acuerdo con Mercosur, o cualquier otro pacto con terceros países, y antes de consolidar unos recortes que consideran «incompatibles con un modelo agrario sostenible».
«El campo vuelve a ser utilizado como moneda de cambio en decisiones comerciales y presupuestarias que no tienen en cuenta sus consecuencias a largo plazo sobre la sociedad en general», señalan los responsables de ambas organizaciones agrarias.
La movilización del 29 de enero en Almería se convoca para exigir al sector político europeo un «cambio de rumbo total» ante la ratificación del Acuerdo con Mercosur y un compromiso claro frente a otros países, para «frenar este tipo de iniciativas».
Asimismo, pretenden trasladar a la sociedad un mensaje: «el campo no es solo un sector económico; es el lugar donde se producen los alimentos seguros que nos alimentan a todos, donde se protege la salud de los ciudadanos y donde se sostienen y mantienen vivas economías locales y amplias zonas rurales».