Tras haberse tramitado por el procedimiento de lectura única, la Cámara ha aprobado el texto y ha rechazado las enmiendas al articulado presentadas por Vox, mientras que se han aprobado por unanimidad las enmiendas de los Comuns que han sido transaccionadas.
La ley tiene como objetivo potenciar las explotaciones gestionadas directamente por agricultores profesionales que no superen la dimensión de la pequeña empresa.
El texto define los requisitos para que estas explotaciones tengan esta consideración, tanto si son de titularidad de personas físicas como de personas jurídicas, y establece que sean destinatarias prioritarias de las políticas y programas públicos y cuenten con un tratamiento fiscal «favorable».
Entre otras medidas, la iniciativa prevé que las administraciones tengan un trato preferente hacia estas explotaciones en la adjudicación de superficie agraria pública, en los seguros agrarios subvencionados, en la formación y en las ayudas para mejorar las estructuras de protección o incorporar jóvenes al sector.
También establece esta prioridad en relación con las políticas de fomento de la innovación, la digitalización y la diversificación de actividades y de adaptación al cambio climático y, además, la proposición da preferencia a las explotaciones en las que la mayoría de la participación y gestión o dirección correspondan a jóvenes o mujeres, con una prioridad específica para las mujeres jóvenes.