En concreto, el consejo rector de la asociación ha acordado unirse a esta movilización del sector agrario. Este respaldo responde a la coincidencia de varias de las reivindicaciones de la movilización con las propuestas que las cooperativas viene trasladando a las administraciones nacionales y europeas, según informa en un comunicado.
El fuerte incremento de los costes de la energía, especialmente del gasóleo B, los costes de producción, la competencia desleal de las importaciones que no cumplen con los estándares exigidos en la UE, y una carga burocrática inasumible, donde al productor se le trata como presunto defraudador, agravan la situación límite y la viabilidad de cientos de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Las cooperativas señalan que esta situación requiere «medidas urgentes» que permitan preservar la capacidad productiva y sostener la actividad económica y el empleo en las zonas rurales.
A estas dificultades se suma que el campo español está «fuertemente» condicionado por la incertidumbre geopolítica, la falta de relevo generacional, de trabajadores y por los efectos negativos del cambio climático.
En este contexto, la organización agraria reclama un Plan Nacional del Agua, con una visión a largo plazo, que garantice la disponibilidad de recursos hídricos para producir alimentos, mediante una gestión eficiente, infraestructuras adecuadas y medidas de adaptación a los nuevos escenarios climáticos.
De esta forma, las cooperativas piden que el Gobierno actual y los futuros deben ser «muy conscientes» de que estos desafíos afectan directamente a la producción y disponibilidad de alimentos y al coste de la cesta de la compra, especialmente para los ciudadanos más vulnerables.
La asociación considera igualmente «alarmante» que las negociaciones del marco presupuestario y de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 de la UE impliquen una reducción del presupuesto de la PAC, su debilitamiento y atente contra el funcionamiento del mercado único, por eso reclaman que «garantizar» la producción de alimentos debe ser una prioridad estratégica de la Unión Europea y su primera línea de defensa.
Asimismo, ve «especialmente grave» que las inversiones para que la industria cooperativa agroalimentaria pueda adaptarse a los cambios productivos, necesarios para cumplir con las exigencias medioambientales que nos hemos impuesto los europeos y el cambio climático, no queden aseguradas en la propuesta de la Comisión Europea.
Por último, reiteran la necesidad de contar con una «cadena de valor agroalimentaria que genere valor y rentabilidad en todos los eslabones». «Para conseguir este objetivo necesitamos medidas que estructuren y organicen al sector productor en el mercado a través de cooperativas dimensionadas económicamente y una legislación de la cadena alimentaria rigurosa que no penalice ni discrimine el modelo cooperativo, porque terminará afectando a las explotaciones de sus socios y socias, precisamente el eslabón que la ley pretende proteger», ha señalado.