En concreto, esta situación estaría «mermando drásticamente» la productividad y generando una «clara desventaja competitiva» para los agricultores de la UE y, especialmente, para los españoles debido a su localización geográfica, al limitar su capacidad para hacer frente a plagas y enfermedades.
De esta forma, el sector agrario español alerta de que, en un contexto cada vez más complejo, marcado por el cambio climático, el incremento de la presión de plagas y la aparición de resistencias, la reducción progresiva de herramientas disponibles para su control, junto con la ausencia de alternativas eficaces desde el punto de vista agronómico y viables económicamente, deja a los agricultores indefensos y compromete la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias.
Las organizaciones subrayan, además, un elemento que agrava esta situación: la defensa y el mantenimiento de las materias activas, que, además de tener que cumplir con un marco regulatorio muy estricto, dependen demasiado del interés comercial de las empresas titulares, que no siempre coincide con las necesidades productivas.
Así, como consecuencia, a las cancelaciones de la Administración se suma la retirada de materias activas que dejan de ser rentables para la industria, pero que siguen siendo necesarias para el sector ante la falta de alternativas viables.
Las organizaciones recuerdan que a ello se suma la entrada de productos procedentes de terceros países, producidos bajo condiciones fitosanitarias mucho menos exigentes, generando una «clara distorsión» de la competencia que penaliza directamente a los productores españoles y europeos y confunde al consumidor.
En este contexto, el sector agrario advierte de que la evolución del sistema, tal y como se está produciendo, resulta «difícilmente sostenible» en el corto y medio plazo si no se introducen ajustes que permitan acompasar los objetivos regulatorios con la realidad productiva.
Ante este escenario, consideran «imprescindible» avanzar hacia un enfoque más coherente que, garantizando la seguridad alimentaria, proteja también la viabilidad productiva dentro de la UE.