López ha calificado la actuación de la Consejería de Medio Rural como «una maniobra propia de caciques» que, a su juicio, buscaba «intervenir y someter a control político una entidad que corresponde gestionar a sus propios operadores».
En este sentido, ha subrayado que el TSJA es «claro y contundente al señalar que se vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho de asociación en su vertiente de autoorganización», y ha criticado que el consejero Marcelino Marcos actuara «de forma arbitraria, injustificada, desproporcionada y con abuso de poder».
«Estamos ante un varapalo judicial que evidencia una forma de gobernar basada en la imposición, el sectarismo y el desprecio a la legalidad», ha afirmado López, quien ha destacado que la sentencia «reprocha la falta de motivación de la intervención, la ausencia de límites en la actuación de la comisión gestora y el hecho de que se adoptara la medida cuando el propio Consejo Regulador estaba desarrollando con normalidad su proceso electoral».
López ha sostenido que «lo que hicieron fue privar a ganaderos y operadores de su derecho a elegir libremente a sus representantes, es decir, sustituir la voluntad del sector por decisiones políticas».
La portavoz de Vox ha advertido de que este tipo de actuaciones generan «inseguridad jurídica y desconfianza» en un sector clave para Asturias. «No se puede tratar al medio rural como si fuera un cortijo al servicio del Gobierno de turno», ha señalado.
Por último, ha valorado que la resolución judicial «devuelve la normalidad democrática» a la IGP Ternera Asturiana y refuerza el principio de que «son los ganaderos y la industria quienes deben decidir sin injerencias políticas».
López ha exigido responsabilidades políticas tras el fallo. «El consejero de Medio Rural está completamente deslegitimado y debe dimitir de forma inmediata», ha afirmado la parlamentaria, quien ha añadido que, en caso contrario, el presidente del Principado, Adrián Barbón, debería proceder a su «cese fulminante».