Según la entidad agraria, los daños se centran en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más afectadas son la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta, en la provincia de Valencia, aunque en alguna otra también observa daños. Los cultivos más dañados son el caqui, frutales como el albaricoquero, melocotonero y ciruelo, y el almendro, apunta en un comunicado.
Los daños se produjeron principalmente durante las noches del 28 al 30 de marzo, al registrarse temperaturas muy bajas para esta época del año que afectan a los cultivos y que condicionarán en mayor o menor medida la futura cosecha. La Unió remarca que no fue una helada típica de invierno, sino que se produjo «en un momento especialmente sensible y crítico del ciclo vegetativo»: cuando los cultivos se encuentran en fase de floración y desarrollo del botón floral, lo que multiplica el impacto del frío.
Tras el paso de los días, se observa que esas bajas temperaturas han provocado daños en los tejidos jóvenes, con afección directa a la floración, que puede derivar en una reducción significativa del cuajado y, por lo tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución para comprobar la magnitud.
Para la organización agraria, este tipo de adversidades meteorológicas, cada vez más frecuentes fuera del calendario habitual, evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios.
PETICIONES
La Unió, que recuerda que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios, solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.
También pedirá la concesión de ayudas directas a los afectados por parte de la Generalitat y la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, además de la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social, el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios y la reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF. Otra de las medidas que reclamará es el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.