Hace poco más de un año, en marzo de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en todos los niveles de la cadena alimentaria. La normativa obliga a empresas y establecimientos a contar con planes de prevención de pérdidas, optimizar la gestión de recursos y fomentar la donación y redistribución de alimentos. Hoy, 3 de abril de 2026, la ley se pone en marcha después de un año de moratoria para su cumplimiento obligatorio.
Esta ley representa un cambio estructural en la manera en que España aborda el desperdicio alimentario, alineándose con políticas europeas y globales de sostenibilidad. Su enfoque no solo busca minimizar el impacto medioambiental del sistema agroalimentario, responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también generar beneficios económicos para las empresas y un impacto social positivo mediante la redistribución de alimentos a quienes más los necesitan.
Obligaciones y jerarquía en la gestión de alimentos
A partir de ahora, las empresas de la cadena alimentaria deben priorizar la prevención del desperdicio, elaborando planes que ajusten compras, producción y gestión de stock a la demanda. Si aún así existen excedentes, la ley establece una jerarquía de prioridades: primero el consumo humano, luego la alimentación animal o la fabricación de piensos, después la valorización industrial y, finalmente, el reciclaje o compostaje. Además, la normativa prohíbe cláusulas contractuales que impidan la donación de alimentos y fomenta acuerdos con entidades sociales, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
El cumplimiento de la ley ya ha impulsado la adopción de soluciones innovadoras. Plataformas como Too Good To Go conectan a supermercados y restaurantes con consumidores o entidades benéficas, permitiendo vender o donar excedentes de forma digital. Iniciativas como la herramienta Donations+ facilitan la digitalización de las donaciones, notificando automáticamente a entidades benéficas sobre alimentos disponibles y horarios de recogida. Esto refuerza la eficiencia, reduce pérdidas y contribuye al impacto social de la normativa.
Impacto económico y medioambiental
La reducción del desperdicio no solo tiene un efecto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente, sino también en la rentabilidad de los negocios. Empresas como Unilever Food Solutions destacan que controlar las mermas y optimizar inventarios, compras y porciones permite ahorrar costes y mejorar la eficiencia operativa. Incluso los supermercados han implementado medidas concretas: Carrefour utiliza neveras antidesperdicio, Alcampo vende cestas de productos próximos a caducar, Lidl ofrece bolsas de frutas y verduras imperfectas, y Eroski desarrolla programas de “desperdicio cero”.
Excepciones y sanciones
La ley contempla excepciones para microempresas, pequeñas explotaciones agrarias y locales de hasta 1.300 m², que no están obligados a contar con planes específicos. No obstante, incluso estos negocios pueden adoptar medidas voluntarias para reducir el desperdicio y mejorar su imagen de marca. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas de entre 2.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad, por acciones como no disponer de un plan de prevención o destruir alimentos aptos para el consumo.
Transformación estructural y objetivos sostenibles
La ley se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que buscan reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante. Según datos del Ministerio de Agricultura, el 97,5% del desperdicio alimentario en España en 2024 se produjo en los hogares, especialmente frutas, verduras y hortalizas, mientras que fuera del hogar representó solo un 2,5%. La normativa busca cambiar la dinámica en producción y distribución, minimizar el impacto ambiental y avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente y sostenible.