Con esta iniciativa, el PSOE urge a «actuar con mayor determinación» frente al fuego bacteriano en frutales de pepita, «reforzando la coordinación técnica, el intercambio de información operativa y la armonización de criterios, incluyendo la actualización y difusión de protocolos de actuación ante episodios de especial vulnerabilidad del cultivo».
También han apostado por «favorecer la difusión de recomendaciones operativas y criterios técnicos compartidos –con las comunidades autónomas– para mejorar la respuesta coordinada frente a la enfermedad y reforzar la eficacia de las medidas de prevención y control».
En la exposición de motivos de la PNL, los socialistas señalan que la fruticultura de pepita es «un pilar de la economía agraria en numerosas comarcas» y que «sostiene empleo y actividad en el medio rural» al tiempo que «contribuye al abastecimiento regular de alimentos de calidad».
«Su estabilidad depende, en buena medida, de una sanidad vegetal sólida y de la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos que comprometen la viabilidad de las explotaciones, a través de protocolos claros, detección precoz y una coordinación eficaz entre administraciones públicas, con pleno respeto al reparto competencial».
BACTERIAS
El fuego bacteriano, han indicado, «es una enfermedad causada por la bacteria Erwinia amylovora, que afecta fundamentalmente a plantas de la familia de las rosáceas, produciendo daños directos en explotaciones de frutal de pepita en general, y en manzano y peral en particular, así como en plantas ornamentales y silvestres de dicha familia».
«Tiene consideración de plaga cuarentenaria para las zonas protegidas así establecidas para la misma, según el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, de condiciones uniformes, y de plaga regulada no cuarentenaria para todo el territorio de la Unión Europea».
A nivel nacional, el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. Según el reparto de competencias, en aplicación de la Constitución y de la Ley de Sanidad Vegetal, las comunidades autónomas «son responsables de la sanidad vegetal en sus respectivos territorios y por consiguiente de adoptar las medidas y recomendaciones necesarias, en su caso, para hacer frente a las plagas».
En este marco, «la experiencia acumulada en la gestión de plagas reguladas pone de relieve la importancia de reforzar la cooperación técnica continuada, el intercambio de información operativa y la armonización de criterios de actuación, especialmente en escenarios de presión fitosanitaria o tras episodios meteorológicos que incrementan la vulnerabilidad del cultivo».
Con ese objetivo, «el Comité Fitosanitario Nacional constituye un cauce adecuado para articular, de común acuerdo, espacios de coordinación técnica entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, favoreciendo la puesta en común de protocolos y la difusión de recomendaciones operativas».
Asimismo, «el avance del conocimiento aplicado y de la innovación permite disponer, en contextos tasados, de herramientas complementarias, cuya correcta utilización exige formación específica, criterios operativos compartidos y una adecuada coordinación técnica entre administraciones».
COMUNIDAD DE CALATAYUD
Desde esta perspectiva general, «la situación registrada en la Comarca Comunidad de Calatayud ilustra con claridad la trascendencia de disponer de una respuesta coordinada, temprana y técnicamente solvente».
«En los últimos meses, el sector ha trasladado su preocupación por la incidencia del fuego bacteriano en plantaciones de peral, intensificada tras episodios meteorológicos adversos, y ha estimado que alrededor de 400 hectáreas podrían verse gravemente comprometidas».
Esta realidad «aconseja reforzar la coordinación técnica, la formación operativa y la difusión de criterios comunes para contener la propagación y reducir pérdidas, dentro del marco normativo y competencia aplicable».
Los servicios competentes de las comunidades autónomas, en este caso del Gobierno de Aragón, «disponen de información sobre la incidencia de la plaga en su territorio».
Han observado que «Aragón no tiene consideración de zona protegida para esta enfermedad». Por otro lado, de acuerdo con la Ley de sanidad vegetal, «los titulares de las explotaciones tienen la obligación de mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas, al así como las masas forestales y el medio natural, en buen estado fitosanitario para defensa de las producciones propias y ajenas, y la de aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga».
«En este sentido, cabe mencionar que las comunidades autónomas en sus respectivos territorios están facultadas a establecer ayudas en materia de sanidad vegetal», han concluido.