En la iniciativa, que ha detallado el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el Gobierno valenciano señala que la Comunitat Valenciana afronta «una realidad climática marcada por sequías prolongadas e inundaciones extremas».
En este contexto, señala que la seguridad hídrica «no es únicamente un objetivo de planificación», sino «un deber moral con nuestras familias, con nuestros municipios, con nuestros agricultores y con las generaciones futuras».
«Durante décadas, esta tierra ha construido un modelo ejemplar de gestión del agua, basado en la eficiencia, la innovación, el consenso y la responsabilidad. Somos líderes en reutilización y combinamos soluciones basadas en la naturaleza con infraestructuras hidráulicas allí donde resulten necesarias para salvaguardar vidas, proteger ciudades y pueblos y fortalecer el tejido económico y social de la Comunitat», reivindica el Gobierno valenciano.
Por ello, el Consell reafirma que la Comunitat «defiende un reparto justo del recurso, una gestión eficiente basada en datos y un modelo integral que utilice todas las herramientas disponibles: los trasvases como vertebradores solidarios, la reutilización como seña de identidad y la desalación cuando sea necesaria como apoyo».
EL MODELO «SE SUSTENTA EN HECHOS»
Según defiende, este modelo «se sustenta en hechos y en inversiones reales». Como ejemplo de ello, ha destacado que ha invertido «más de 95 millones de euros en los últimos dos años para reforzar defensas frente a avenidas, proteger a los ciudadanos, asegurar el abastecimiento y modernizar el sistema hídrico».
Asimismo, valora las inversiones ya previstas, incluida la modernización de la Acequia Real del Júcar y del embalse de Buseo, nuevos encauzamientos urbanos, las actuaciones en l’Horta, la Ribera, el Camp de Túria, la protección de la Vega Baja, las nuevas infraestructuras de abastecimiento en los municipios del interior de Castellón o el postrasvase Júcar-Vinalopó, que permitirán que el «compromiso inversor» supere los 140 millones de euros «en los próximos ejercicios».
También avanza que invertirá «más de 665 millones de euros en los próximos cuatro años para la mejora y modernización de los sistemas de depuración y saneamiento en la Comunitat Valenciana». Un «esfuerzo» que se enmarca en lo que ha definido como «la legislatura del agua, del respeto al medio ambiente y del ciclo hídrico».
«CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL»
«La Comunitat Valenciana sí actúa, sí invierte y sí lidera dentro de sus competencias y posibilidades», reivindica el Consell, que no obstante alerta de que la seguridad hídrica «requiere corresponsabilidad institucional».
Por ello, insta al Gobierno de España a ejecutar «sin demora» las obras hidráulicas «comprometidas y pendientes», a garantizar la financiación «adecuada» de los proyectos esenciales de protección frente a inundaciones, modernización de presas e implantación de sus planes de emergencia y reutilización avanzada, como el Vertido 0 de Alicante; y a que «cualquier decisión que afecte al recurso hídrico valenciano se adopte con base estrictamente técnica y con plena seguridad jurídica, preservando la estabilidad de infraestructuras estratégicas como los sistemas Tajo-Segura, revirtiendo su recorte, y Júcar-Vinalopó concluyendo el embalse de San Diego».
Asimismo, reafirma su compromiso de «mantener la unidad institucional en defensa del agua, de continuar impulsando inversiones estratégicas y de cooperar estrechamente con el Estado y con la Unión Europea para trazar una gestión hídrica moderna, digitalizada y alineada con la agenda europea de resiliencia». «La seguridad hídrica de la Comunitat Valenciana no es una opción: es una responsabilidad irrenunciable», concluye la declaración.