Entre los puntos de su programa, la organización reclama que la actividad agrícola y ganadera sea «la actividad económica principal» de las personas que pidan ayudas económicas, para evitar que se beneficien, en sus palabras, agricultores a tiempo parcial, propietarios que no trabajan directamente la tierra o grandes grupos inversores.
Además, reclama que las ayudas públicas prioricen las pymes agrarias y los autónomos, y no a «los grupos inversores que no necesitan apoyo ni las personas que heredan tierras pero no las cultivan».
La entidad también apuesta por «ayudas que generen futuro» y que no sean puntuales, de manera que permitan modernizar las explotaciones y ofrecer facilidades fiscales en la transmisión de fincas o granjas.
Jarc ha defendido que «las urnas son el único mecanismo democrático y objetivo para determinar la representatividad de cada organización».