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Nueva York se ha convertido en el primer estado de EE.UU. en aprobar una ley que prohíbe el uso de gas natural para calefacción y cocina en algunos edificios nuevos con el fin de reducir las emisiones de carbono.
Este mismo martes, la asamblea legislativa de Nueva York aprobó un presupuesto estatal de 229.000 millones de dólares. Entre sus leyes, se incluía así este requisito que dictamina que la calefacción y las cocinas sean totalmente eléctricas en los edificios nuevos. Una legislación innovadora que absuelve los aparatos de calefacción de gas y propano en las viviendas y en los locales comerciales existentes, que representan el 32% de las emisiones totales de carbono en la localidad, según el informe estatal de 2022.
La nueva ley climática entrará en vigor y se aplicará en los edificios nuevos de menos de siete plantas en 2026, y a los de más de siete plantas en 2029. Aun así, existen una serie de excepciones que eximen a los generadores de emergencia y los edificios industriales como lo hospitales, las fábricas o los restaurantes.
UNA LUCHA POLÍTICA POR EL GAS
La prohibición de las conexiones de gas natural en edificios comerciales o residenciales de nueva construcción se transforman en actos políticos que están abanderando tanto los demócratas como los defensores del medio ambiente. Toda una comunidad que sigue presionando para que otros estados adopten esta prohibición que bebe de la Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad de Nueva York aprobada en 2019.
Entre los beneficios de esta nueva medida, que persigue la reducción de las emisiones en un 40% para 2023, se encuentran mejoras en la salud y en la preservación del medio ambiente. Una ley que cita asimismo la equidad, la inclusión y las crecientes oportunidades económicas.
A pesar de todo ese paradigma evolutivo con el que avanzar hacia un futuro sostenible, se han presentado una serie de controversias políticas por parte de los republicanos y los dirigentes de empresas petroleras o gasísticas que están oponiéndose a esta prohibición; argumentando sus efectos negativos sobre los costes de vida, las facturas de los servicios públicos y los retrasos en la construcción. De igual forma, estados como Texas, Arizona y Ohio están presionando para que tomen medidas contra este tipo de prohibiciones.